Un vuelo especial con 16 ciudadanos argentinos deportados desde Estados Unidos arribará en las próximas horas al aeropuerto internacional de Ezeiza, en el marco de la política migratoria endurecida por la administración de Donald Trump. El operativo, que se mantuvo bajo estricta reserva por parte del gobierno argentino, representa la primera vez en el año que un avión fletado exclusivamente para deportaciones tiene como destino final la Argentina.

El Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International partió desde un aeropuerto no revelado en Estados Unidos, realizando escalas en Bogotá y en Belo Horizonte antes de dirigirse a Buenos Aires. Según fuentes consultadas, la cifra de argentinos deportados en este vuelo es de 16, un número bajo en comparación con los operativos realizados hacia otros países latinoamericanos, como Brasil, donde se han registrado más de 1900 deportaciones en lo que va del año.

El hermetismo oficial rodeó todo el procedimiento. El gobierno de Javier Milei, a diferencia de sus pares de Brasil o México, evitó realizar protestas formales ante Washington y optó por no difundir detalles sobre el operativo. Según trascendió, la decisión responde a la intención de no tensar la relación bilateral en un momento en que Argentina negocia su reingreso al Programa de Exención de Visas (VWP) y busca mejorar acuerdos comerciales con Estados Unidos.

Desde 2021, más de 300 argentinos han sido deportados, la mayoría en vuelos comerciales y bajo estrictas medidas de seguridad. En este caso, los deportados son acompañados por agentes estadounidenses durante todo el trayecto. El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. justificó la medida señalando que los vuelos de deportación buscan repatriar a ciudadanos que han violado leyes migratorias, cometido delitos o representan una amenaza para la seguridad nacional.

El aumento de vuelos de deportación hacia Sudamérica responde a la ofensiva migratoria de la Casa Blanca, que ha intensificado los controles y ampliado la capacidad de detención de inmigrantes. Mientras tanto, la administración Milei enfrenta críticas internas por la falta de transparencia y la ausencia de una postura pública ante el trato a los ciudadanos argentinos en el exterior. El episodio podría tener implicancias en las futuras negociaciones bilaterales y en la percepción pública sobre la política migratoria y exterior del gobierno.