Una banda internacional dedicada al robo de viviendas de deportistas de élite fue desbaratada tras un operativo conjunto entre la Policía Federal Argentina, la Policía Bonaerense y fuerzas internacionales. El grupo, compuesto por cinco ciudadanos chilenos y un argentino, fue identificado como responsable del asalto a la casa de Juan Martín Del Potro en Tandil, ocurrido el pasado 15 de mayo, y de múltiples robos a figuras deportivas en Estados Unidos.

Según fuentes policiales, los delincuentes ingresaron a la vivienda de la familia Del Potro tras realizar tareas de inteligencia y aprovechar la ausencia del extenista. Entre los objetos sustraídos se encontraban joyas, relojes de lujo, dinero en efectivo, una raqueta y medallas deportivas. El vehículo utilizado en el hecho fue rastreado gracias a cámaras de seguridad y una infracción de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, lo que permitió identificar a los sospechosos.

La investigación reveló que la banda operaba bajo un esquema sofisticado, replicando en Argentina el modus operandi utilizado en Estados Unidos, donde lograron un botín superior a los dos millones de dólares en robos a jugadores de la NBA, NFL y otras ligas. Entre las víctimas internacionales se encuentran Travis Kelce, estrella de la NFL y pareja de la cantante Taylor Swift, y otros deportistas de alto perfil.

El operativo de captura se concretó en la terminal de ómnibus de Retiro, donde dos de los principales sospechosos intentaban abordar un micro con destino a Misiones. Ambos tenían alerta roja de Interpol y pedidos de captura internacional por delitos cometidos en Estados Unidos. Otros integrantes de la banda fueron detenidos en Junín y en Chile, completando así la desarticulación del grupo.

El juez federal Sebastián Ramos y la Fiscalía de Tandil llevan adelante el proceso judicial, que incluye pedidos de extradición por parte de la justicia estadounidense. Las autoridades destacaron la cooperación internacional y el uso de tecnología para la identificación y detención de los implicados.

El caso pone en evidencia la existencia de organizaciones criminales transnacionales que operan en la región y plantea interrogantes sobre la seguridad de personalidades públicas y la necesidad de reforzar los controles migratorios y de inteligencia criminal.