El Gobierno nacional ha presentado un proyecto para modificar la Ley de Tierras Rurales, vigente desde 2012, con el objetivo de flexibilizar las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. La iniciativa, que ya genera debate en el Congreso, busca eliminar el límite del 15% de propiedad extranjera sobre tierras rurales y mantener restricciones solo en casos vinculados a entes gubernamentales extranjeros o situaciones que puedan comprometer la seguridad nacional.

La Asociación Forestal Argentina (AFOA) expresó su apoyo a la reforma, argumentando que el régimen actual parte de un diagnóstico equivocado y que restringir la inversión privada por su origen no ha fortalecido la soberanía ni mejorado los estándares ambientales, pero sí ha limitado el desarrollo productivo y la competitividad del país. "La tierra es un bien inmueble que no puede trasladarse fuera del país. Su titular, cualquiera sea su nacionalidad, está sujeto a la Constitución, a las leyes argentinas y a todos los controles vigentes", afirmó Claudia Peirano, directora ejecutiva de AFOA.

Por su parte, sectores críticos advierten que la apertura podría encarecer el precio de la tierra y dificultar el acceso para productores locales. Además, señalan que la ley vigente fue sancionada para proteger la soberanía sobre recursos estratégicos y que su modificación podría tener consecuencias en la estructura del mercado agropecuario.

El debate se da en un contexto de incertidumbre sobre la vigencia del régimen actual, tras el DNU 70/23 y medidas judiciales pendientes. El oficialismo sostiene que la flexibilización es necesaria para atraer inversiones y dinamizar el sector, mientras que opositores y organizaciones rurales temen que la medida beneficie principalmente a grandes inversores y reduzca la accesibilidad para pequeños productores.

En la región, países como Brasil, Uruguay y Paraguay han adoptado marcos regulatorios menos restrictivos, logrando atraer inversiones en el sector agroindustrial. El futuro de la ley dependerá del debate parlamentario y de la capacidad de los legisladores para equilibrar la necesidad de inversión con la protección de los intereses nacionales y la equidad en el acceso a la tierra.