En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Argentina vivió una jornada marcada por la preocupación y el reclamo de cambios urgentes en la legislación vigente. Diversas organizaciones, profesionales y familiares de personas con padecimientos mentales se congregaron en plazas de Buenos Aires y otras ciudades del país para visibilizar la crisis que atraviesa el sistema de salud mental.

Según datos recientes relevados por la Universidad de Buenos Aires y el Observatorio de Psicología Social Aplicada, el 35% de la población argentina presenta algún grado de malestar psicológico, cifra que evidencia un deterioro sostenido en los últimos años. Los síntomas más frecuentes incluyen ansiedad, depresión, desazón y agotamiento emocional, afectando especialmente a mujeres, jóvenes y sectores con menos recursos.

El principal foco de los reclamos se centra en la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657), sancionada en 2010. Si bien la norma propuso un paradigma basado en derechos humanos y atención comunitaria, especialistas y familiares denuncian que la brecha entre el texto legal y la realidad sanitaria es profunda. "La ley se hizo con buena intención, pero nunca se otorgó la estructura ni el presupuesto para garantizar lo que promueve", señaló Silvia Papuchado, psicoanalista y referente de Familia Esperanza. El presupuesto destinado a salud mental no supera el 3%, muy por debajo del 10% estipulado por la ley.

Uno de los puntos más controvertidos es la regulación de las internaciones involuntarias, que exige la existencia de un "riesgo cierto e inminente". Esta redacción, según los profesionales, dificulta la asistencia en crisis graves y genera inseguridad tanto para los equipos médicos como para las familias. "Nuestros hijos merecen vivir. Como familia, necesitamos que nos escuchen. Legisladores: no cierren la puerta en nuestras narices", expresó Pilar, madre de un joven con adicciones.

El debate político también se hace presente. Legisladores como Marcela Campagnoli y Marina Charpentier impulsan la reforma de la ley, mientras el Gobierno reconoce la necesidad de modificarla, aunque los avances en el Congreso son lentos. El capítulo sobre salud mental del proyecto ómnibus fue retirado y aún no se ha tratado por separado.

El impacto de la coyuntura política y social, sumado a la pandemia de COVID-19, ha agravado el deterioro de la salud mental en el país. Expertos advierten sobre el aumento de la violencia, el aislamiento y el riesgo de masificación suicida. "Después de la pandemia quedamos con otra pandemia: la de salud mental. Es hora de rever la ley y dotarla de herramientas reales", concluyó Papuchado.

La jornada dejó en claro que la salud mental es una urgencia ignorada y que la sociedad argentina demanda respuestas concretas para enfrentar una problemática que afecta a millones de personas. El desafío es avanzar hacia una legislación y políticas públicas que garanticen atención digna, recursos suficientes y acompañamiento integral para quienes más lo necesitan.