Las universidades públicas argentinas se preparan para una nueva jornada de protesta en defensa de su financiamiento y condiciones laborales. El jueves 26 y viernes 27 de junio, docentes, estudiantes y autoridades universitarias realizarán una Marcha Federal y un paro nacional en todo el país, con el objetivo de exigir la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial para el sector.

La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los principales gremios docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA), busca visibilizar la crisis presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades y el sistema científico. "En la posibilidad de resolver el problema universitario está en juego el futuro de la Nación", advirtió Oscar Alpa, presidente del CIN, durante una conferencia de prensa. Según Alpa, existe un "desfasaje entre los incrementos y la inflación en el presupuesto que recibimos para funcionar, lo que genera muchas dificultades y una situación salarial angustiante de docentes y no docentes".

El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario fue presentado ante el Congreso el 28 de mayo y será tratado en una sesión especial el 2 de julio, tras el respaldo de bloques opositores y diputados cordobeses, quienes anunciaron que darán quórum y votarán a favor de la iniciativa. "Ratificamos nuestro compromiso con este proyecto de ley. No obstante, instamos a la autocrítica: la falta de un presupuesto nacional no puede ser una excusa", señaló el diputado Carlos Gutiérrez, de Encuentro Federal por Córdoba.

Durante las jornadas de protesta, la comunidad universitaria aspira a reunir un millón de firmas en apoyo al proyecto de ley, tanto de manera presencial como virtual. El reclamo incluye la actualización de salarios, el aumento de becas estudiantiles y fondos para ciencia y tecnología. Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, denunció que los sueldos docentes perdieron un 35% de su poder adquisitivo en el último año y medio.

El presidente Javier Milei, por su parte, ya anticipó que vetará la ley en caso de ser aprobada, argumentando que es perjudicial para el orden fiscal y carece de alternativas de financiamiento. En este contexto, la discusión sobre el financiamiento universitario se da en medio de tensiones políticas y económicas entre el Gobierno nacional y las provincias, y con la comunidad educativa movilizada en defensa de la universidad pública, gratuita e inclusiva.