El Gobierno argentino ha logrado mantener el superávit fiscal durante el primer bimestre de 2026, a pesar de una caída sostenida en la recaudación tributaria frente a la inflación. Según datos de la Secretaría de Hacienda, la administración de Javier Milei ha compensado la baja en ingresos impositivos mediante el refuerzo de recursos no tributarios, como las rentas del Banco Central y la ANSES, así como la venta de bienes y servicios estatales a través de privatizaciones. Además, se ha implementado un ajuste del gasto público, con recortes de personal y una gestión más eficiente de las partidas presupuestarias.

En los primeros dos meses del año, los ingresos impositivos representaron el 52,1% del total de los $24,86 billones generados, por debajo del 61,7% previsto en el presupuesto anual. La ejecución del presupuesto alcanzó el 14,8% en gastos y el 16,9% en recursos, lo que permitió un ahorro neto de 1,48 billones de pesos. Este resultado se logró principalmente por la subejecución de partidas en 14 áreas de gobierno, mientras que el servicio de deuda pública registró una sobreejecución debido a la concentración de vencimientos en enero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó en un foro empresarial en Mendoza que el proceso de privatización de empresas públicas continuará en los próximos meses, en línea con la Ley de Bases. Caputo también destacó que la reforma laboral y la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal contribuirán a la formalización del empleo y al incremento de la recaudación, pese a la reducción de contribuciones patronales por nuevos puestos de trabajo.

Analistas locales e internacionales han manifestado preocupación por la sostenibilidad del financiamiento estatal y el impacto de estas medidas en variables como las tasas de interés, la emisión monetaria y la actividad económica. Sin embargo, el Gobierno sostiene que el ajuste y las reformas permitirán cumplir con los objetivos de superávit financiero, reducción de impuestos y contención de la inflación.

El proceso de ajuste y privatización genera debate sobre sus efectos a largo plazo, mientras el Gobierno apuesta a que las reformas estructurales impulsen la actividad económica y fortalezcan las cuentas públicas.