La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner volvió a ocupar un lugar central en la agenda política argentina tras nuevas restricciones impuestas a su prisión domiciliaria y el decomiso de bienes ordenado por el juez Jorge Gorini. La medida, que afecta también a sus hijos, fue apelada por la defensa de la ex Presidenta, que argumenta la falta de pruebas directas y cuestiona la legalidad de las restricciones, señalando que no se citan leyes específicas para fundamentarlas.

En paralelo, Fernández de Kirchner presentó un documento económico que propone un modelo productivo nacional alternativo al actual, en respuesta a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. El texto, mantenido en reserva, aboga por una política industrial activa, mayor regulación del capital y una mejor distribución del ingreso, buscando enfrentar los problemas estructurales de la economía argentina, como la deuda externa y la fuga de capitales.

El debate en torno a la figura de la ex Presidenta se intensificó en los medios y en el ámbito judicial, con acusaciones cruzadas entre sectores políticos y lo que CFK denominó el "bestiario mediático". Mientras sus seguidores denuncian una persecución judicial y mediática, el oficialismo y medios críticos sostienen la necesidad de transparencia y justicia en los procesos.

El contexto de estas disputas es una Argentina marcada por la polarización política y la desconfianza en la independencia del Poder Judicial. Las investigaciones recientes también involucran a figuras de distintos gobiernos y sectores empresariales, alimentando la percepción de que la justicia responde a relaciones de poder más que a criterios legales objetivos.

La resolución de estos conflictos tendrá implicancias no solo para la situación personal de Fernández de Kirchner, sino también para el futuro político y económico del país, en un escenario de crisis y búsqueda de alternativas estructurales.