La Justicia federal argentina investiga un presunto desvío de más de 50 millones de dólares provenientes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia una red de empresas fantasma radicadas en Miami y cooperativas locales. El caso, que involucra a directivos de la AFA, empresarios y exfuncionarios, ha puesto bajo la lupa el manejo de los fondos generados por la Selección Nacional en el exterior y su destino final.

Según documentos bancarios y judiciales, la empresa TourProdEnter LLC, contratada por la AFA como agente comercial internacional, habría recibido al menos 260 millones de dólares en los últimos años. De ese monto, más de 50 millones fueron transferidos a nueve sociedades sin actividad comprobada en Miami, muchas de ellas registradas en oficinas virtuales y disueltas poco después de recibir los fondos. Entre los beneficiarios figuran personas sin antecedentes empresariales, algunos con vínculos a programas sociales en Argentina.

El juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona encabezan la investigación por administración fraudulenta y posible lavado de activos. Paralelamente, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la Inspección General de Justicia (IGJ) han suspendido cooperativas sospechadas de facilitar movimientos de dinero no declarado, sumándose a la pesquisa judicial.

El expediente también detectó el uso de documentación apócrifa para justificar transferencias y compras, lo que podría ampliar la causa a falsificación y lavado. Además, se investiga si parte de los fondos desviados reingresaron al país para financiar clubes o gastos personales de dirigentes, eludiendo controles impositivos.

El escándalo tiene conexiones con otras causas de corrupción, como la de los seguros de la ANSES, donde se repiten nombres y sociedades. Mientras tanto, la AFA y TourProdEnter niegan irregularidades y aseguran cumplir con la legislación vigente. La Cámara del Crimen de Buenos Aires rechazó apartar la causa de la Justicia ordinaria, permitiendo que la investigación continúe en la capital.

El avance de la causa podría derivar en nuevas imputaciones y reformas en la gestión de fondos del fútbol argentino, exponiendo la necesidad de mayores controles y transparencia en el manejo de recursos deportivos.