Un traumatólogo del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, Rodolfo César Calfin, ha presentado una demanda por $40 millones contra el hospital tras haber sido sobreseído en una causa por presunta estafa relacionada con el uso de una prótesis en una cirugía. Calfin, junto a otro médico, fue inicialmente investigado tanto en el ámbito administrativo como penal, luego de que el hijo de un paciente denunciara que había pagado de forma particular una prótesis importada que supuestamente no fue utilizada en la operación de su padre.

La investigación interna, impulsada por la Universidad Nacional de Córdoba, y la denuncia penal ante la Fiscalía Federal, llevaron a la imputación de los médicos por presunta defraudación. Sin embargo, la documentación hospitalaria y los registros quirúrgicos demostraron que en la cirugía se utilizaron tanto la prótesis nacional provista por PAMI como la importada, lo que fue corroborado por peritajes médicos y la revisión de imágenes posquirúrgicas.

El juez federal dictó la falta de mérito y, posteriormente, el sobreseimiento de los médicos, al considerar que no existió delito. El informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó la compatibilidad de los componentes utilizados, práctica habitual en casos de faltantes o por razones de costos.

Tras el cierre del proceso penal, Calfin inició una demanda civil contra el hospital, argumentando que la acusación infundada le causó graves daños morales y perjuicios en su entorno profesional, familiar y social. "La acusación –un hecho falso e inexistente– me trajo innumerables trastornos anímicos", expresó el médico, quien también criticó la falta de rigor y la arbitrariedad en la investigación administrativa.

El caso, actualmente en trámite en el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, pone en debate los procedimientos internos de las instituciones públicas y la protección de la reputación profesional frente a denuncias que luego resultan infundadas. La Nación aún no ha respondido a la demanda, mientras el debate sobre la responsabilidad institucional y el resguardo de los derechos de los profesionales continúa abierto.