El empresario Lázaro Báez deberá cumplir una pena única de 15 años de prisión tras la unificación de sus condenas por lavado de dinero y fraude a la administración pública, en el marco de las causas conocidas como la Ruta del Dinero K y Vialidad. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Néstor Costabel y Fernando Canero, luego de una audiencia en la que participaron la defensa de Báez, la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La resolución unifica la condena de 10 años de prisión que Báez había recibido por lavado de dinero y la de 6 años por fraude en la obra pública, sumando además una multa de USD 329 millones, equivalente a seis veces el monto involucrado en las maniobras ilícitas. Según el fallo, la unificación responde a que los delitos fueron cometidos antes de que existiera una sentencia firme, por lo que corresponde aplicar las reglas del concurso real de delitos.

Durante la audiencia, la UIF solicitó una pena de 16 años, argumentando la autonomía de los delitos y la ausencia de superposición entre las causas. La fiscalía, por su parte, pidió 15 años de prisión, mientras que la defensa de Báez reclamó una condena menor, sosteniendo que los fondos cuestionados ya habían sido contemplados en la primera causa. El tribunal rechazó este planteo y valoró como agravantes la magnitud de las maniobras, el uso de estructuras offshore y el daño económico al Estado, estimado en más de $84.800 millones.

Los jueces destacaron el rol central de Báez en la estructura delictiva y su posición privilegiada en la sociedad, así como la sofisticación de los mecanismos empleados para ocultar el origen ilícito de los fondos. Como atenuantes, consideraron la falta de antecedentes penales y los lazos familiares del empresario.

La Corte Suprema de Justicia había dejado firmes ambas condenas, lo que permitió la unificación. Báez, preso desde 2016 en el penal de Río Gallegos, podrá apelar el cálculo de la pena ante la Cámara Federal de Casación. El caso representa uno de los fallos más severos en materia de corrupción en la historia judicial argentina y sienta un precedente sobre la aplicación de penas en delitos complejos vinculados a la obra pública y el lavado de activos.