El sistema financiero argentino atraviesa un preocupante aumento de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y cheques, según datos recientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y reportes de medios nacionales e internacionales. En marzo, la morosidad en tarjetas de crédito alcanzó el 2,8%, el nivel más alto en tres años, mientras que los préstamos personales registraron un 4,1%, el mayor porcentaje en nueve meses. Además, en abril, la cantidad de cheques rechazados superó los 64.000, con una tasa de rechazo del 1,3%, el mayor registro en cinco años.

Este deterioro crediticio se da en un contexto de ajuste fiscal impulsado por el presidente Javier Milei, que si bien ha contribuido a estabilizar algunos indicadores macroeconómicos, ha incrementado la presión financiera sobre familias y empresas. “Es una luz amarilla. El cobro de créditos se está volviendo más difícil”, advirtió Gastón Rossi, director del Banco Ciudad de Buenos Aires. El BCRA también informó que los cargos por deudas incobrables en el sistema financiero alcanzaron un máximo de cinco años como proporción del total de activos.

El impacto es especialmente fuerte en empresas de sectores como la industria, el comercio, la construcción y el entretenimiento, en particular las exportadoras. Muchas de estas compañías han perdido acceso a un mercado de capitales que antes era rentable, debido al levantamiento de restricciones cambiarias y a la mayor selectividad de los inversores. Ejemplos recientes incluyen a Albanesi SA, que dejó de pagar intereses, y Celulosa Argentina SA, que advirtió sobre un posible default de bonos. El productor de cítricos San Miguel declaró nula su última emisión de deuda en el mercado local, mientras que Petrolera Aconcagua Energía encontró escasa demanda en el exterior.

En el plano familiar, la deuda de los hogares equivale al 20-30% de sus ingresos mensuales, con mayor peso en cuentapropistas e informales. El 10,4% del crédito no bancario está en situación de morosidad, y el 70% de las entidades reportaron un aumento en casos de irregularidad.

El contexto electoral añade incertidumbre sobre la continuidad del ajuste y la estabilidad financiera. Analistas y bancos coinciden en que el gobierno enfrenta el desafío de estabilizar la economía sin agravar la situación social y crediticia. “El gobierno ha optado por reducir la inflación lo más rápido posible, con el objetivo de alcanzar una tasa más baja para octubre, incluso si los salarios reales se estancan o caen ligeramente”, concluyó Rossi.