La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó este martes el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para cerrar la causa civil que busca recuperar fondos estatales por supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. El Estado argentino reclama a la ex presidenta, junto a otros condenados como Lázaro Báez y José López, la suma de 22.300 millones de pesos por daños y perjuicios al patrimonio estatal.

El expediente, iniciado en 2018 durante la gestión de Javier Iguacel al frente de la Dirección Nacional de Vialidad, se mantuvo activo a pesar de los intentos de la defensa de Kirchner por cerrarlo. El reclamo se había estancado durante la presidencia de Alberto Fernández, pero fue reactivado tras la intervención de otros involucrados en la causa.

La defensa de la ex mandataria había solicitado el cierre del proceso por "caducidad de la instancia", argumentando que no hubo actividad procesal durante más de dos años. Sin embargo, tanto el juez de primera instancia como la Cámara consideraron que hubo actos procesales suficientes para mantener la causa abierta. En particular, la notificación de la absolución de Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner, fue considerada como un hecho que impulsó el expediente.

La Cámara también determinó que la decisión de rechazar la caducidad es inapelable, ya que el proceso continúa y la defensa puede seguir ejerciendo sus derechos. "No se vulneraron garantías constitucionales ni se eterniza el juicio", sostuvieron los jueces en su fallo.

La defensa de Cristina Kirchner calificó la resolución como "arbitraria" y denunció una "persecución judicial" en su contra. Sin embargo, la Cámara aclaró que, incluso si se hubiera aceptado la caducidad, el Estado podría iniciar un nuevo proceso con el mismo objetivo de recuperar los fondos.

El caso Vialidad ya derivó en condenas penales y en la prisión domiciliaria de la ex presidenta, quien además está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos. El proceso civil ahora continuará su curso, mientras las partes mantienen sus posturas enfrentadas y el Estado busca resarcirse por los fondos presuntamente desviados en la obra pública de Santa Cruz.