La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park como parte de pago por la expropiación de la petrolera en 2012. Esta decisión, que responde a una condena de US$16.000 millones, ha generado un intenso debate político y jurídico en Argentina, donde la transferencia de esas acciones está prohibida por la ley 26.741 sin la aprobación del Congreso.

El litigio se originó tras la estatización de YPF, impulsada por la entonces presidenta Cristina Kirchner y ejecutada por Axel Kicillof. La familia Eskenazi, antiguos accionistas, vendió sus derechos de litigar a Burford Capital, que inició la demanda en tribunales estadounidenses. El fallo de Preska, considerado de "cumplimiento efectivo imposible" por funcionarios argentinos, exige además información sobre activos embargables y ha impuesto plazos estrictos para su cumplimiento.

El gobierno argentino, actualmente bajo la presidencia de Javier Milei, ha apelado la decisión y busca ganar tiempo en los tribunales de Estados Unidos, mientras el Congreso debate proyectos para blindar las acciones de YPF y repudiar el fallo. Analistas señalan que la posición negociadora de Argentina es débil y que el país debe fortalecer su respaldo económico y legal para evitar consecuencias más graves.

El caso YPF se ha convertido en un precedente global sobre litigios entre fondos de inversión y Estados soberanos, y expone las tensiones entre la legislación nacional y los fallos de tribunales extranjeros. La resolución final podría tener un impacto significativo en la credibilidad financiera y la soberanía económica de Argentina.