Una investigación periodística y judicial ha puesto en el centro de la polémica a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por su presunta vinculación con un entramado de empresas proveedoras del Estado de Santiago del Estero y operaciones financieras bajo sospecha. Según informes de Clarín y Vision Santiagueña, empresas gestionadas por familiares directos de Toviggino, como Bori SRL, Segon SRL y Malte SRL, habrían concentrado contratos millonarios con el Estado provincial, especialmente en servicios de vigilancia para hospitales y edificios públicos, así como en la provisión de materiales para obras viales.

El núcleo del esquema societario se reorganizó en 2024, con la creación de HT SRL y la transferencia de participaciones a SOMA SRL, en un intento de reducir la exposición pública de Toviggino en medio de investigaciones judiciales y mediáticas. Malte SRL, una de las sociedades clave, fue propietaria de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares y realizó préstamos y contratos con clubes de fútbol como Sarmiento de Junín y Arsenal de Sarandí. Documentos judiciales revelan facturas y contratos a nombre de Florencia Sartirana, pareja de Toviggino y exgerenta de Finanzas de la AFA, por cifras millonarias.

La justicia investiga presunto lavado de dinero, desvío de fondos y concentración de contratos públicos sin competencia real. Se han ordenado allanamientos y levantamiento de secreto bancario, mientras la causa involucra a jueces federales y penales económicos. El caso ha generado repercusiones en el ámbito político y deportivo, con denuncias públicas de dirigentes como Elisa Carrió y debates sobre la transparencia en el fútbol argentino.

Toviggino, considerado uno de los dirigentes más influyentes de la AFA y con estrechos vínculos políticos en Santiago del Estero, niega las acusaciones y denuncia campañas mediáticas en su contra. El caso se da en un contexto de creciente escrutinio sobre la relación entre política, negocios y deporte en la Argentina, y plantea interrogantes sobre la necesidad de mayor control y transparencia en las instituciones deportivas y estatales.