La Justicia argentina intimó a Cristina Kirchner y a otros ocho condenados en la causa Vialidad a pagar, en un plazo de diez días hábiles, la suma de $684.990 millones, cifra que según la sentencia representa el perjuicio ocasionado al Estado por fraude en la obra pública de Santa Cruz. El Tribunal Oral Federal N°2, presidido por Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, notificó que el plazo vence el 13 de agosto y que, en caso de incumplimiento, se procederá a la ejecución y remate de los bienes embargados de los condenados.

La suma a reintegrar fue calculada por peritos oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte Suprema, quienes descartaron el cálculo presentado por la defensa de Kirchner, que estimaba el daño en $42.000 millones. El tribunal adoptó la cifra de $684.990.350.139,86, equivalente a más de 530 millones de dólares al tipo de cambio oficial. El objetivo, según los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, es recuperar activos provenientes del delito y evitar que los condenados sigan beneficiándose de ellos.

Entre los bienes que podrían ser ejecutados figuran 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades, muchos de los cuales están embargados en otras causas judiciales, como Hotesur-Los Sauces y la "Ruta del dinero K". Cristina Kirchner declaró un patrimonio de $250 millones en su última declaración jurada, aunque la mayor parte de sus bienes fue donada a sus hijos en 2016, antes de que se dictaran los embargos.

El proceso de ejecución de bienes podría ser largo y complejo, ya que existen otros acreedores, como trabajadores y proveedores de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez, también condenado en la causa. Además, la Justicia investiga posibles maniobras para ocultar bienes, incluyendo transferencias a allegados de los condenados.

La defensa de Kirchner sostiene que el monto es excesivo y que muchos de los bienes no le pertenecen, mientras que los fiscales remarcan la importancia de recuperar el dinero para el Estado. El caso sigue generando un fuerte impacto político y mediático, con opiniones divididas sobre la responsabilidad de los condenados y el alcance de la medida judicial. El desenlace dependerá del cumplimiento del pago o de la efectividad de la ejecución de los bienes embargados.