Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue detenido nuevamente en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, por orden de la justicia federal. La aprehensión, realizada por la Policía Federal Argentina, se produjo a raíz de una denuncia por apología del delito e incitación a la violencia colectiva, presentada tras declaraciones públicas del activista.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la detención a través de sus redes sociales y subrayó: “La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad. Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten”.

La causa judicial, instruida por la fiscalía federal de San Carlos de Bariloche, incluye cargos de intimidación pública, apología del crimen y asociación criminal. Según fuentes oficiales, la investigación se inició luego de que Jones Huala, durante la presentación de un libro de su autoría, reivindicara sabotajes y atentados contra infraestructuras vinculadas al sistema capitalista, transnacionales y terratenientes. “Jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas”, sostuvo el activista, aunque admitió avalar acciones de sabotaje.

El arresto ocurre cinco meses después de su última detención en la misma región, cuando fue aprehendido por intentar abrir vehículos estacionados, aunque fue liberado poco después. Jones Huala, quien cumplió condena en Chile por delitos similares, es considerado por el gobierno argentino como un referente de acciones violentas en la Patagonia.

El caso ha generado reacciones diversas. Mientras funcionarios nacionales y provinciales insisten en la necesidad de una respuesta judicial firme, sectores vinculados a comunidades mapuches y defensores de derechos humanos advierten sobre la criminalización de la protesta y la complejidad del conflicto territorial en la región. La situación de Jones Huala vuelve a poner en el centro del debate la seguridad en la Patagonia y la relación entre el Estado y los pueblos originarios.