El presidente Javier Milei enfrenta una de las semanas más tensas de su gestión tras la aprobación en el Senado de proyectos de ley que incrementan el gasto público, desafiando el equilibrio fiscal que sostiene su plan económico. La sesión, calificada de "ilegal" por el oficialismo, resultó en la sanción de leyes sobre aumento jubilatorio, moratoria previsional y emergencia en discapacidad, lo que generó una fuerte reacción del mandatario.

Milei anunció que vetará las leyes aprobadas y, en caso de que la oposición insista y logre forzar su promulgación, recurrirá a la Justicia para frenar su implementación. "Vamos a vetar. Y si aún se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar", afirmó el Presidente. El Gobierno sostiene que estas medidas ponen en riesgo el superávit fiscal, considerado el principal ancla de su programa económico y de la baja de la inflación.

El conflicto político se agravó con el deterioro de la relación entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. El Presidente replicó en redes sociales mensajes que la acusan de "traidora" y "populista", mientras que Villarruel defendió la legalidad de su accionar en el Senado y criticó el uso de recursos estatales por parte del Ejecutivo. "Un jubilado no puede esperar y una discapacitada menos. Que ahorre en la SIDE y en viajes", respondió la vicepresidenta a sus detractores.

En paralelo, los gobernadores, que no recibieron llamados del Gobierno tras la derrota legislativa, buscan separar la discusión de sus propios proyectos fiscales de la controversia por los vetos presidenciales. Proponen dividir las sesiones en Diputados para tratar por un lado los proyectos sobre impuestos y fondos para las provincias, y por otro, el rechazo a los vetos de Milei.

Consultoras y economistas advierten que el costo fiscal de las leyes aprobadas podría alcanzar hasta 1,6% del PBI en 2026, comprometiendo el superávit financiero. El Gobierno cuenta con diez días para vetar las leyes y buscar los votos necesarios en el Congreso para sostener su posición, en un contexto de relaciones tensas con los gobernadores y una interna oficialista cada vez más expuesta. El desenlace de este conflicto podría definir el rumbo político y económico de los próximos meses.