El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 rechazó la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para suspender la aplicación de artículos clave de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión, que representa el primer revés judicial para la central sindical, permite que la nueva normativa siga vigente mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad.

La CGT había solicitado la suspensión inmediata de los artículos 90 y 91 de la ley, que trasladan la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Según la central obrera, este traspaso podría eliminar el fuero laboral nacional y poner en riesgo miles de causas en trámite y empleos judiciales. El juez, sin embargo, consideró que no correspondía dictar la cautelar en esta etapa del proceso.

La reforma laboral, aprobada en febrero por el Congreso, introduce cambios significativos en el régimen de indemnizaciones, la extensión de la jornada laboral, la digitalización de registros y la regulación del derecho a huelga, entre otros puntos. Por ejemplo, permite jornadas de hasta 12 horas con acuerdo escrito, crea un banco de horas para compensar extras con descanso, y modifica el cálculo de indemnizaciones excluyendo conceptos como aguinaldo y vacaciones. Además, restringe el derecho a huelga en servicios esenciales, exigiendo un mínimo de personal en actividad.

El oficialismo sostiene que la reforma busca terminar con la llamada "industria del juicio" y mejorar la eficiencia judicial, mientras que sindicatos y empleados judiciales advierten sobre la posible pérdida de derechos y empleos. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación alertó que el traspaso podría afectar hasta 1.600 puestos de trabajo y ya ha impulsado medidas gremiales en rechazo.

Tras el fallo, la CGT anunció que apelará ante la Cámara de Apelaciones y prepara nuevas acciones judiciales para intentar frenar la reforma en su totalidad. El conflicto abre un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno y el movimiento sindical por el futuro del sistema laboral argentino, en un contexto de profundas reformas impulsadas por la administración libertaria. Se prevé que la batalla legal y política continúe en las próximas semanas, con posibles repercusiones en el ámbito laboral y judicial.