La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió este martes, de manera temporal, la orden judicial que obligaba a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre, en el marco del litigio por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión, que representa un alivio procesal para el país, fue adoptada tras el pedido de los abogados del Estado argentino y permitirá una presentación ordenada de los argumentos de ambas partes antes de que se resuelva la apelación de fondo.

La jueza Loretta Preska había dictado el 30 de junio una orden de entrega inmediata de las acciones, con un plazo de 72 horas para su cumplimiento, bajo amenaza de desacato. Sin embargo, la Cámara suspendió ese plazo y estableció un cronograma: los demandantes, encabezados por el fondo Burford Capital, deberán presentar su oposición a una suspensión más prolongada antes del 17 de julio, mientras que la Argentina tendrá tiempo hasta el 22 de julio para responder. Una vez completado este proceso, un panel de tres jueces analizará los escritos y decidirá si concede la suspensión durante todo el tiempo que dure la apelación.

El fallo de Preska, que condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones, fue apelado por el Estado nacional, que argumenta que la orden viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y la legislación local, además de advertir sobre el daño irreparable que implicaría la pérdida del control estatal sobre YPF. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que la provincia también tomará acciones legales para defender sus intereses en la petrolera.

Desde el Gobierno celebraron la decisión como una "victoria temporal" y destacaron que el riesgo inmediato de desacato quedó neutralizado. Analistas señalan que, más allá de la suspensión, el principal impacto hasta ahora ha sido reputacional, ya que los tribunales estadounidenses no cuentan con mecanismos prácticos para forzar la entrega de acciones bajo jurisdicción extranjera. El proceso judicial sigue abierto y las próximas semanas serán decisivas para el futuro de YPF y la estrategia legal argentina.