El Gobierno de La Pampa y los gremios estatales reanudaron este lunes la negociación paritaria para definir la pauta salarial de 2025 y anticipar condiciones para el inicio de 2026. La propuesta oficial presentada por el Ejecutivo provincial consiste en asegurar que los salarios estatales cierren el año próximo al menos un 11% por encima de la inflación acumulada, una meta que busca resguardar el poder adquisitivo de los trabajadores públicos en un contexto de restricciones financieras.

Según informaron fuentes oficiales y sindicales, la oferta incluye un ajuste adicional en la liquidación de enero, estimado en un 2%, que se sumará a los incrementos otorgados durante el año. Además, se prevé un aumento del 10% en las asignaciones familiares a partir de enero, con el objetivo de que ningún trabajador con familia a cargo perciba un salario inferior a la línea de pobreza establecida por el INDEC.

El paquete de medidas contempla también la implementación de la Ley de Recategorización, el pase a planta permanente y una licencia especial oncopediátrica con goce de haberes. Para el primer bimestre de 2026, el Gobierno propuso aumentos del 2% en febrero y marzo, y se comprometió a aplicar la cláusula gatillo en marzo para evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

La reunión, realizada en la Casa de Gobierno, fue postergada previamente para contar con un panorama económico más claro, especialmente ante la negociación entre la provincia y la Nación por el déficit previsional. Los gremios, por su parte, reiteraron sus demandas de un bono de fin de año, la aplicación de la cláusula gatillo y la gestión de una línea de refinanciación de deudas para trabajadores activos, jubilados y pensionados. Además, manifestaron su rechazo al desdoblamiento del pago de sueldos y aguinaldo.

Desde el Gobierno provincial se subrayó el esfuerzo financiero que implica la propuesta, en un contexto de caída de recursos nacionales y aumento de los costos previsionales y de la obra social. "Nadie, ninguna provincia ni Nación, cerraron el año con una actualización con más del 11% de la inflación", destacaron fuentes oficiales.

Sin embargo, los gremios consideran insuficiente la oferta y advierten sobre la posibilidad de medidas de fuerza si no se mejora. UTELPa, el gremio docente mayoritario, cuestionó la falta de consulta real y negociación genuina. La Mesa Intersindical insistió en la necesidad de una cláusula gatillo y un bono de fin de año.

El desenlace de la negociación dependerá de la evolución de la situación económica y de la respuesta del Gobierno a los reclamos sindicales. El conflicto salarial se inscribe en un escenario de tensiones por la pérdida de recursos y la situación macroeconómica nacional, con impacto directo en la economía provincial y el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.