La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. El fallo, que confirma la sentencia por hechos de corrupción y malversación de fondos públicos, generó un fuerte impacto en el escenario político argentino y desencadenó una serie de reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición y la sociedad civil.

El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, solicitó que la detención de la exmandataria se realice de manera "respetuosa" y sin "montar un show" mediático, diferenciándose de episodios anteriores como la detención del exvicepresidente Amado Boudou. "Es un momento duro, una condena a seis años de prisión, la suspensión de todos los derechos políticos, no es un tema sencillo", expresó Francos, quien además remarcó que la decisión judicial fue "libre e independiente" y que el Ejecutivo no tuvo injerencia en el proceso.

La defensa de Cristina Kirchner presentó un pedido de prisión domiciliaria, argumentando razones de salud, edad y el antecedente del intento de magnicidio sufrido en 2022. El Tribunal Oral Federal 2 otorgó cinco días hábiles para que los condenados, incluida la expresidenta, se presenten en Comodoro Py. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad y la Justicia debaten sobre el lugar y las condiciones de detención, y se realizan estudios médicos y socioambientales para evaluar los pedidos de arresto domiciliario.

El fallo de la Corte Suprema también motivó manifestaciones de apoyo a la exmandataria, con tomas de escuelas, cortes de calles y acampes frente a tribunales. Dirigentes del kirchnerismo y sindicatos denunciaron una "proscripción" política, mientras que la CGT rechazó el fallo pero descartó, por el momento, convocar a movilizaciones masivas. La defensa de Kirchner, por su parte, anunció la presentación de recursos ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

El presidente Javier Milei, desde el exterior, destacó la independencia del Poder Judicial y afirmó: "El que las hace las paga. Eso quedó demostrado en los últimos días". El caso, considerado histórico por tratarse de una expresidenta condenada, reaviva tensiones políticas y sociales en el país, con sectores que denuncian persecución judicial y otros que celebran la decisión como un avance en la lucha contra la corrupción. El desenlace de los pedidos de prisión domiciliaria y las eventuales movilizaciones marcarán los próximos días en la agenda política argentina.