La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Tras el fallo, la defensa de Fernández de Kirchner, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, solicitó que la ex mandataria cumpla la pena bajo arresto domiciliario en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, Ciudad de Buenos Aires, donde reside desde 2015.

El pedido de prisión domiciliaria se fundamenta en la edad de la ex presidenta, quien tiene 72 años, lo que le otorga el derecho legal a solicitar este beneficio. El departamento, adquirido por su hija Florencia Kirchner al ex secretario de Cultura Jorge Coscia, está valuado entre 265.000 y 300.000 dólares y se ha convertido en el epicentro de la atención política y mediática. Desde la confirmación de la condena, militantes y dirigentes peronistas se han congregado en vigilia bajo el balcón del edificio, en una postal que remite a momentos históricos de la política argentina.

La zona, que ya había experimentado un aumento en el valor inmobiliario y una mayor presencia policial desde la mudanza de Fernández de Kirchner, se ha visto transformada por la constante presencia de seguidores, pancartas y banderas. La vigilia incluye servicios improvisados, como baños ofrecidos por comercios locales y provisión de alimentos y bebidas para quienes permanecen allí durante horas o días.

El fallo de la Corte Suprema llega en un contexto de reorganización del peronismo, con la figura de Fernández de Kirchner aún central en la escena política. La elección de cumplir la condena en Constitución, en lugar de otras propiedades como El Calafate o Recoleta, es interpretada como un gesto de permanencia y resistencia política. Dirigentes de distintos sectores, incluidos referentes de la izquierda y del propio peronismo, han visitado el lugar para expresar su apoyo, mientras que la militancia interpreta la condena como una nueva forma de proscripción política. Por su parte, la Justicia sostiene la legalidad y solidez del proceso judicial que llevó a la condena de la ex presidenta.

El futuro inmediato dependerá de la decisión final del tribunal sobre la modalidad de cumplimiento de la pena, mientras la cuadra de San José 1111 se consolida como un nuevo punto neurálgico de la política argentina.