El Gobierno nacional apeló la medida cautelar que lo obliga a implementar la Ley de Financiamiento Universitario, intensificando el conflicto con universidades y sindicatos. La decisión, presentada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, busca suspender la orden judicial que exige actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La ley, sancionada en 2024 y repuesta por el Congreso tras un veto presidencial, obliga al Estado a garantizar el financiamiento adecuado de las universidades nacionales. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que la norma requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento y que la cuestión presupuestaria es competencia exclusiva del Congreso. Además, advirtió sobre el posible impacto en el equilibrio fiscal.

El conflicto se agudizó tras la intervención judicial del juez Enrique Cormick, quien dictó la cautelar y fue recusado por el Gobierno por su condición de docente universitario. La Cámara rechazó la recusación, y ahora debe decidir si confirma o revoca la medida, lo que tendrá consecuencias directas en el financiamiento y los haberes universitarios.

En paralelo, el Gobierno inició negociaciones con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y propuso una nueva ley que modifique el esquema vigente, ofreciendo una recomposición salarial del 12,3% en tres tramos y la reapertura de paritarias cada dos meses en 2026. Los rectores, representados por Carlos Greco y Franco Bartolacci, valoraron el diálogo pero señalaron que persisten temas sin resolver, como el atraso salarial estimado en un 14% y la necesidad de saldar la deuda en un solo pago o en cuotas concentradas en el primer semestre.

Los sindicatos, por su parte, denuncian la falta de convocatoria a negociaciones formales y exigen que la ley vigente se cumpla plenamente. La Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (APUR) y la Federación de Docentes Universitarios (CONADU) insisten en que la ley "no se toca, se cumple" y advierten sobre el riesgo para el funcionamiento normal del sistema universitario.

El conflicto universitario, que generó masivas movilizaciones en 2024 y 2025, vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política argentina, mientras el Gobierno busca una salida legislativa que evite sanciones judiciales y garantice la viabilidad fiscal.