La provincia de Entre Ríos enfrenta una grave crisis hídrica debido a la contaminación del agua potable con arsénico, agrotóxicos y efluentes cloacales sin tratamiento. Diversos estudios científicos, como los realizados por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y el CONICET, han detectado niveles preocupantes de estos contaminantes en localidades como Gualeguaychú, Urdinarrain, Gualeguay, Cuatro Bocas y Crespo. En algunos casos, los valores de arsénico en el agua superan el límite provincial de 0,05 mg/L, que es cinco veces mayor al recomendado por la Organización Mundial de la Salud (0,01 mg/L).

La situación ha motivado fallos judiciales, como el del juez Julián Carlos Vergara, quien ordenó al municipio de Crespo suspender el riego de calles con agua contaminada y realizar un peritaje completo del sistema cloacal. En Pueblo General Belgrano, la Cooperativa de Provisión de Agua Potable enfrenta denuncias desde 2015 por volcar efluentes sin tratar al río Gualeguaychú y al río Uruguay. La investigación judicial, que tramita desde 2017, busca determinar la magnitud del daño ambiental y la responsabilidad penal de los directivos.

La exposición crónica a arsénico, plaguicidas y desechos cloacales puede causar graves problemas de salud, incluyendo cáncer, enfermedades gastrointestinales y alteraciones neurológicas. Los riesgos son especialmente altos para niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. Científicos como Rafael Lajmanovich han advertido que la acumulación de glifosato y otros tóxicos en los sedimentos de arroyos y ríos representa un peligro latente para la población.

A pesar de la evidencia científica y las denuncias vecinales, las autoridades provinciales han minimizado la emergencia hídrica, argumentando limitaciones presupuestarias y priorizando obras viales sobre inversiones en agua potable y saneamiento. Desde la Municipalidad de Paraná, la secretaria de Recursos Hídricos, Mayra Collante, aseguró que el agua de red en la capital es segura, aunque reconoció problemas puntuales en barrios abastecidos por pozos.

Organizaciones ecologistas y vecinos exigen una actualización de las normativas y acciones urgentes para garantizar el acceso a agua segura. Mientras tanto, la crisis hídrica continúa afectando a miles de entrerrianos, con consecuencias directas sobre la salud pública y el ambiente. El futuro de la gestión del agua en la provincia dependerá de la voluntad política y la asignación de recursos para enfrentar este desafío.