El Gobierno nacional anunció un aumento salarial del 7,5% para docentes y no docentes universitarios, junto con un bono excepcional de $25.000 por cargo, en medio de una semana marcada por paros y protestas en las universidades públicas. El incremento, que se aplicará entre septiembre y noviembre, fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Capital Humano y busca responder a los reclamos por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

La medida llega tras una serie de movilizaciones y actividades de visibilización organizadas por gremios y sindicatos universitarios, quienes denuncian una caída salarial acumulada de entre 38% y 45% desde la asunción del actual gobierno. "Para ganar lo mismo que en noviembre 2023 necesitaríamos un 45% de aumento, pero desde septiembre de 2024 el gobierno no convoca a paritarias", señalaron desde la Asociación Gremial Docente de la UBA. El paro, iniciado el lunes, se extendió durante toda la semana y contó con la adhesión de federaciones como CONADU y CONADU Histórica, que además prevén nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.

El gobierno sostiene que el aumento sigue la pauta definida para el personal de la Administración Pública Nacional y defiende su gestión en materia educativa, destacando la asignación de fondos adicionales y el refuerzo presupuestario para hospitales universitarios. Sin embargo, los gremios rechazan el incremento por considerarlo insuficiente frente a la inflación, que según estimaciones sindicales supera ampliamente el ajuste salarial propuesto. "Lo que hace el Gobierno es festejar un aumento que nos hace perder frente a la inflación. Es un ajuste brutal", afirmó Daniel Ricci, secretario general de FEDUN.

El conflicto se agrava por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una ley de financiamiento universitario que restituye los haberes y el presupuesto a niveles de noviembre de 2023, pero que el Ejecutivo planea vetar. En ciudades como San Rafael, Mendoza, docentes y estudiantes realizaron banderazos y actividades informativas para exponer la situación crítica de la universidad pública y reclamar una recomposición salarial real.

El deterioro salarial y presupuestario afecta la calidad educativa, la permanencia de docentes e investigadores y el acceso de los estudiantes a becas y servicios. El debate sobre el financiamiento universitario y la política salarial sigue abierto, con nuevas movilizaciones previstas y un llamado a la sociedad para defender la educación pública.