El empresario Marcelo Porcel, procesado por presuntos abusos sexuales contra diez menores vinculados al colegio Palermo Chico, solicitó ser juzgado por un jurado popular. La presentación fue realizada por su abogado defensor, Roberto Rallín, poco después de que la fiscalía y la querella pidieran la elevación de la causa a juicio oral.

En el escrito, la defensa planteó en primer término la nulidad del requerimiento para avanzar hacia el debate y, de manera subsidiaria, que el proceso se lleve adelante bajo la modalidad de juicio por jurados. Rallín argumentó que la fuerte repercusión mediática del caso podría afectar la imparcialidad de un tribunal técnico, por lo que consideró que un jurado integrado por ciudadanos ofrecería mayores garantías de objetividad. "La construcción efectuada en la denuncia tuvo un combustible externo: presiones, narrativas instaladas, una utilización artera e indisimulada del poder mediático para moldear una 'verdad revelada' antes de que hubiera siquiera un tribunal oral que la evaluara con imparcialidad", sostuvo el letrado.

Sin embargo, la solicitud enfrenta un obstáculo legal: el sistema de juicio por jurados aún no está implementado en la Justicia Nacional, donde tramita el expediente. Por este motivo, la legislación vigente prevé que el caso sea analizado por un tribunal integrado por jueces técnicos. La defensa propuso que el expediente sea derivado a una jurisdicción donde sí funcione esta modalidad, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia bonaerense.

Porcel se encuentra procesado por los presuntos delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil. La Cámara del Crimen confirmó su procesamiento y mantuvo las medidas cautelares impuestas, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de salir del país y las restricciones para acercarse o contactar a las presuntas víctimas.

Ahora será el juez de la causa quien deberá resolver si admite el planteo de la defensa o si el expediente continúa su curso hacia el juicio oral bajo el procedimiento previsto por la Justicia Nacional. El caso ha generado debate sobre las garantías procesales y la influencia de la opinión pública en la administración de justicia.