El conflicto por las deudas previsionales entre la Nación y las provincias argentinas ha alcanzado un punto crítico, con Córdoba y Santa Fe como principales protagonistas. Ambas provincias reclaman fondos adeudados por la ANSES para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones, que no fueron transferidas al sistema nacional.

En el caso de Córdoba, la provincia exige el pago de una deuda que, según sus cálculos, asciende a cerca de un billón de pesos, incluyendo intereses acumulados. Este miércoles 23 de abril de 2025, se llevará a cabo una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia, donde representantes provinciales y nacionales intentarán llegar a un acuerdo. Entre las propuestas en discusión se encuentra la posibilidad de que la Nación compense parte de la deuda con bienes nacionales, como la Central Nuclear Embalse Río Tercero o terrenos de la Reserva Natural de Defensa La Calera. Sin embargo, desde Córdoba insisten en la necesidad de recibir giros mensuales para garantizar la sostenibilidad de su sistema previsional.

Por su parte, Santa Fe enfrenta un déficit previsional que en 2024 alcanzó los $364.249 millones. La provincia ha recurrido a la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por la ANSES, aunque su caso aún no ha sido admitido formalmente. Además, Santa Fe enfrenta la paralización de obras públicas clave, como el Gasoducto Regional Centro II y la transformación en autopista de la Ruta 34, debido a la falta de financiamiento. Estas obras, consideradas esenciales para el desarrollo económico y social de la región, permanecen detenidas desde 2022.

El conflicto por las cajas previsionales no transferidas afecta a un total de 13 provincias argentinas y se ha agravado con el ajuste fiscal implementado por el gobierno nacional. La deuda acumulada incluye períodos de las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, quien desde su asunción ha suspendido completamente las transferencias a las provincias.

Gremios como la Unión de Educadores de la [Provincia de Córdoba](/entities/entity_1744828371848_695) (UEPC) han criticado duramente el impacto de estas políticas en los jubilados, exigiendo soluciones inmediatas. "El no envío de los fondos afecta la sostenibilidad de nuestra Caja de Jubilaciones y Pensiones, como así también el derecho a una jubilación digna", señaló la UEPC en un comunicado reciente.

El desenlace de estas negociaciones no solo será crucial para Córdoba y Santa Fe, sino que también podría sentar un precedente para otras provincias en situaciones similares. Mientras tanto, la incertidumbre persiste, afectando tanto a los jubilados como al desarrollo económico de las regiones involucradas.