El reciente hallazgo de un fusil FAL de origen argentino entre el arsenal incautado al grupo narco Comando Vermelho en Río de Janeiro ha reactivado la investigación sobre el tráfico internacional de armas y la responsabilidad de las autoridades argentinas en el control de su armamento militar. El operativo policial, realizado en los complejos Penha y Alemão, dejó un saldo de al menos 132 muertos y más de un centenar de detenidos, en lo que se considera uno de los mayores enfrentamientos recientes entre fuerzas de seguridad y organizaciones criminales en Brasil.

Según confirmó Vinicius Domingos, jefe de la Unidad de Coordinación de Inspección de Armas y Explosivos de la Policía Civil de Río de Janeiro, el fusil argentino incautado podría pertenecer al lote de 43 unidades robadas del Batallón 603 de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, en 2011. La causa judicial por ese robo, que incluyó también la desaparición de 2.500 piezas para ensamblar hasta 400 fusiles, estuvo paralizada durante años bajo la gestión del exjuez federal Marcelo Bailaque. Bailaque, actualmente investigado por corrupción y encubrimiento de narcotraficantes, fue denunciado ante el Consulado de Brasil por Carlos Razzetti, quien lo acusa de haber "pisado" la causa durante más de una década.

El tráfico de armas argentinas hacia Brasil, según las investigaciones, se realiza principalmente por rutas terrestres y fluviales a través de Paraguay y la Triple Frontera. El modus operandi incluye el uso de camiones con doble fondo y la alteración de números de serie, lo que dificulta el rastreo de las armas. Las fuerzas de seguridad brasileñas han identificado armamento de diversos países en poder de organizaciones criminales, lo que evidencia la existencia de una red internacional de contrabando.

El operativo en Río de Janeiro movilizó a 2.500 agentes y expuso la capacidad de fuego del Comando Vermelho, que resistió la incursión policial con armamento de alto calibre. Las autoridades argentinas y brasileñas continúan investigando la procedencia de las armas y las posibles complicidades dentro de las fuerzas armadas. El caso ha generado preocupación por la impunidad y la falta de control sobre el armamento militar argentino, así como por el impacto de estas armas en la violencia criminal en la región.

La causa judicial por el robo de armas en Fray Luis Beltrán sigue abierta, con varios militares procesados y la Cámara de Apelaciones de Rosario evaluando su prescripción. El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad del armamento militar, así como de profundizar la cooperación internacional para combatir el tráfico de armas y sus consecuencias en la seguridad regional.