Guardavidas de la Costa Atlántica bonaerense han declarado el estado de alerta y movilización ante la falta de acuerdo salarial con balnearios privados y municipios, en vísperas del inicio de la temporada de verano. El conflicto se concentra en Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, donde los trabajadores reclaman mejoras salariales y condiciones laborales, advirtiendo sobre el impacto en la seguridad de los bañistas y las finanzas municipales.

En Mar del Plata, la Unión de Guardavidas Agremiados logró un acuerdo paritario con la Municipalidad para toda la temporada, pero persiste la disputa con los balnearios privados, representados por la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (CEBRA). El sindicato denunció que la oferta salarial de los empresarios es inferior a la acordada con el municipio, lo que podría trasladar mayores costos al Estado local y a los contribuyentes. "La Cámara no quiere llegar a un acuerdo paritario. Quieren pagar menos que la paritaria que se cerró con el municipio", afirmó Néstor Nardone, secretario general del Sindicato de Guardavidas.

En Pinamar, el conflicto se agravó tras la propuesta municipal de 0% de aumento salarial, en un contexto marcado por el escándalo de corrupción que involucra a la ex tesorera Norma Watson, filmada robando millones de pesos del Tesoro local. Fernando Espinach, dirigente gremial, señaló: "Pretenden ajustar sobre nuestro sector y no lo aceptamos ni lo vamos a aceptar". El gremio denunció además que las playas de Pinamar están inhabilitadas por incumplimiento de la normativa provincial sobre servicios de guardavidas, lo que pone en riesgo la temporada turística.

En Villa Gesell, los guardavidas realizaron manifestaciones y presentaron petitorios ante el municipio, denunciando la falta de un plan integral de seguridad acuática y el incumplimiento de leyes nacionales y provinciales. El sindicato acusó al gobierno local de no garantizar los elementos necesarios para el trabajo y de no cumplir con el periodo mínimo de prestación del servicio.

El conflicto amenaza con escalar en los próximos días, con posibles protestas públicas y un escenario de creciente tensión entre gremios, empresarios y autoridades municipales. Los sindicatos advierten que la negativa a mejorar las condiciones salariales y laborales genera un doble perjuicio: salarios a la baja para los trabajadores y mayores erogaciones para los municipios, que podrían ser cubiertas por los contribuyentes. La situación pone en jaque la principal industria de la región y la seguridad de los bañistas, en un contexto de auditorías y cuestionamientos al manejo de fondos públicos.