Una auditoría interna realizada en la Municipalidad de Plottier, Neuquén, reveló un panorama de caos financiero y administrativo tras la gestión del exintendente Luis Bertolini, quien renunció a fines de abril de 2026 en medio de investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción. El informe preliminar, conocido este fin de semana, detalla que el municipio acumuló deudas superiores a los 7.000 millones de pesos, incluyendo más de 2.400 millones con la Municipalidad de Neuquén por el tratamiento de residuos y más de 4.100 millones con proveedores locales.

El documento señala que al cierre de la gestión, el municipio solo podía afrontar el 3,95% de sus compromisos de corto plazo. Entre las irregularidades detectadas figuran contrataciones directas sin justificación, gastos no autorizados, bonificaciones irregulares para 200 agentes municipales y una estructura administrativa desorganizada, con 123 empleados de planta permanente que no prestaban servicios efectivos. Además, la auditoría identificó una deuda de 270 millones de pesos con la ART, que comprometía la cobertura de cientos de trabajadores municipales ante accidentes laborales, situación que la nueva gestión regularizó mediante un convenio de pago en cuotas.

El informe también advierte sobre la ejecución de obras públicas con pagos adelantados y sin comprobación de avance físico, así como la falta de digitalización de legajos y la ausencia de planificación en la pavimentación de calles, lo que generó riesgos de anegamiento. La recolección de residuos estuvo al borde del colapso, con camiones sin mantenimiento y frecuencias desorganizadas, lo que derivó en la acumulación de basura en las calles.

La crisis institucional y financiera derivó en la renuncia de Bertolini, quien asumió tras Gloria Ruiz, ambos actualmente investigados por la Justicia. El desorden administrativo y la falta de controles internos se habrían naturalizado durante sus gestiones, impactando directamente en la calidad de vida de los vecinos. La actual administración firmó acuerdos para regularizar deudas y servicios, mientras la Justicia avanza en la determinación de eventuales responsabilidades penales en el manejo de los fondos públicos. El proceso de auditoría continúa y será clave para esclarecer el destino de los recursos municipales y evitar la repetición de situaciones similares en el futuro.