Otro revés judicial para Guillermo Montenegro
• La Justicia de Mar del Plata confirmó la prohibición de operativos violentos de la Patrulla Municipal contra personas en situación de calle. • El municipio deberá respetar derechos y cesar acciones que impliquen violencia o sustracción de pertenencias.



La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata confirmó la sentencia que prohíbe a la Patrulla Municipal realizar operativos que impliquen violencia física o verbal contra personas en situación de calle. El fallo, que rechaza la apelación presentada por el intendente Guillermo Montenegro y el municipio de General Pueyrredón, ratifica la medida dictada en julio por el juez Juan Tapia tras un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Según la resolución, los operativos municipales no podrán incluir la sustracción de documentos u objetos personales, en resguardo de los derechos a la vida, integridad física y psíquica, libertad y dignidad de las personas vulnerables. Los jueces Gastón de Marco y Adrián Angulo destacaron que la orden judicial no obstaculiza la actividad de la Patrulla Municipal, sino que exige el cumplimiento de garantías constitucionales y convencionales.
El fallo se apoya en testimonios y pruebas aportadas por la CPM y otras organizaciones, que documentan episodios de hostigamiento, violencia y destrucción de pertenencias a personas en situación de calle. La Asociación Pensamiento Penal, aceptada como "amigo del tribunal", advirtió sobre el riesgo de crear una "policía paralela" al armar a inspectores municipales y permitirles ejercer coerción directa, lo que consideró incompatible con el Estado de derecho.
El municipio argumentó que la medida judicial afecta su autonomía y operatividad, pero la Cámara desestimó estos planteos, señalando que la sentencia no invade la esfera del Ejecutivo ni paraliza la función de control, sino que impide prácticas violentas y arbitrarias.
La decisión judicial fue celebrada por organismos de derechos humanos, que consideran que protege a una población vulnerable frente a prácticas estatales que, según denuncian, se han vuelto sistemáticas en los últimos años. El caso se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre el uso de la fuerza y la protección de derechos fundamentales en la gestión del espacio público.
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