El Senado argentino dio un paso clave hacia la modificación de la Ley de Glaciares, tras obtener dictamen favorable en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo y respaldado por los gobernadores de San Juan y Catamarca, será debatido en el recinto el próximo 10 de febrero.

La iniciativa propone transferir a las provincias la potestad de decidir sobre la protección de los glaciares en sus territorios, permitiendo la explotación minera en zonas periglaciales siempre que no se comprometa una reserva estratégica de agua. "Solo perseguimos definiciones claras y seguridad jurídica para el desarrollo", afirmó el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, mientras que Raúl Jalil, de Catamarca, destacó la importancia de la minería para la transición energética y el empleo formal.

El sector minero, representado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, acompañó la reforma, argumentando que la ley vigente presenta imperfecciones y que la actualización normativa es necesaria para reducir incertidumbres y fomentar el crecimiento económico. "Esta ley les está devolviendo la potestad que les da la Constitución", sostuvo Alfredo Vitaller, de CAEM.

Sin embargo, la propuesta generó fuertes críticas de organizaciones ambientales, científicas y abogados especializados. Andrés Nápoli, de FARN, advirtió que la reforma introduce modificaciones que alteran el espíritu de la norma y el esquema constitucional vigente. Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el proceso legislativo como "exprés" y alertó sobre la inseguridad jurídica y el riesgo para todos los glaciares. Agostina Rossi, de Greenpeace, subrayó que los glaciares son aliados fundamentales frente a la crisis climática y reclamó mayor participación pública en el debate.

El juez federal Sebastián Casanello recordó el fallo de la Corte Suprema de 2019, que declaró constitucional la ley actual y enfatizó el carácter colectivo e indivisible del ambiente, apelando a acuerdos internacionales como el Acuerdo de París. El debate se da en un contexto de creciente presión por el desarrollo minero y la transición energética, mientras la sociedad civil exige transparencia y resguardo de los recursos hídricos estratégicos.

La reforma de la Ley de Glaciares se presenta como un punto de inflexión entre el desarrollo económico y la protección ambiental, con implicaciones que podrían impactar en futuras normativas y en la gestión de los recursos naturales en Argentina.