La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que se suspenda el decomiso de 19 propiedades pertenecientes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. Esta medida, ordenada por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmada por la Casación, forma parte de la condena por administración fraudulenta en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, por la que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

El fiscal ante la Cámara, Mario Villar, pidió rechazar todos los recursos presentados por las defensas y avanzar con la incautación y futuro remate de 111 bienes, cuyo valor asciende a casi 685 mil millones de pesos. Villar argumentó que el decomiso "no constituye una sanción autónoma ni una pena nueva, sino la consecuencia necesaria y legal de una condena penal firme, dictada tras un proceso que respetó plenamente las garantías del debido proceso". Además, remarcó que la medida busca evitar la impunidad en delitos complejos de corrupción organizada.

Por su parte, los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que la medida es un "acto de persecución política enmascarado bajo el ropaje de una pretendida resolución judicial" y que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner tienen origen lícito, acreditado por la justicia en fallos previos. La defensa advirtió que no existen decisiones judiciales firmes sobre la cuantía del decomiso ni sobre los bienes sujetos a sanción penal, ya que hay recursos pendientes incluso ante la Corte Suprema.

La audiencia prevista para tratar el tema fue reemplazada por la presentación de notas escritas por las partes, y ahora los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña deberán resolver la situación. La resolución de la Cámara será determinante para el futuro de los bienes involucrados y podría tener implicancias en el debate sobre la ejecución de condenas en casos de corrupción de alto perfil en Argentina.