La Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó la reapertura de La Salada, la feria más grande de Latinoamérica, tras tres semanas de clausura que afectaron a miles de trabajadores y comerciantes. La medida, dispuesta por el juez Luis Armella, alcanza a los predios de Urkupiña, Ocean y Punta Mogote, ubicados en Ingeniero Budge, y responde a la necesidad de mitigar el impacto social y económico generado por el cierre.

La decisión judicial establece la intervención de las empresas administradoras de las ferias, que deberán ser gestionadas por profesionales en Ciencias Económicas durante al menos 90 días. Entre las condiciones impuestas figuran la bancarización obligatoria de los pagos, el registro formal de todos los puestos y empleados, y la transparencia en la contabilidad. Además, se prohíbe innovar sobre los activos de las sociedades involucradas y se exige la colaboración de organismos como ARCA, ARBA y el municipio de Lomas de Zamora para fiscalizar las operaciones.

La clausura original se había dictado en el marco de una investigación por evasión fiscal, lavado de dinero, asociación ilícita y comercialización de productos con marcas falsificadas. Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", permanece detenido junto a otros imputados, mientras que Enrique Antequera, otro referente, sigue prófugo. Durante la investigación, se incautaron vehículos, propiedades y mercadería en infracción a la ley de marcas.

El levantamiento de la clausura fue solicitado por abogados y el sindicato de feriantes, quienes argumentaron el perjuicio para más de 48.000 trabajadores directos y un número aún mayor de empleos indirectos. La feria, que nació en los años 90 como respuesta a la crisis del sector textil, se ha convertido en un pilar de la economía informal y un punto de abastecimiento para comerciantes de todo el país y de países vecinos.

A nivel internacional, La Salada es señalada como un foco de falsificación y contrabando, lo que ha motivado reportes de organismos estadounidenses y europeos. El gobierno nacional busca equilibrar la necesidad de formalización con la protección de miles de fuentes de trabajo. La intervención judicial apunta a transparentar la operatoria y garantizar condiciones laborales dignas, mientras continúan las investigaciones sobre la estructura delictiva que operaba en torno a la feria.

El futuro de La Salada dependerá de la capacidad de las autoridades para regularizar su funcionamiento sin desarticular el entramado social y económico que sostiene a miles de familias en el conurbano bonaerense.