El Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha introducido cambios significativos en la Ley 27.654, que regula los derechos de las personas en situación de calle. A través del Decreto 373/2025, publicado el 2 de junio, se delega la responsabilidad de asistencia a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, limitando la intervención directa del Estado nacional.

La medida redefine el rol del Estado como un órgano rector encargado de establecer directrices generales y actuar de manera subsidiaria en casos donde las capacidades locales sean insuficientes. Según el decreto, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano será la nueva autoridad de aplicación, con la tarea de coordinar acciones entre jurisdicciones y supervisar el uso de los fondos transferidos.

Entre las modificaciones más destacadas, se encuentra la derogación del inciso a) del artículo 12 de la ley original, que garantizaba la continuidad de programas preexistentes. Este cambio permite la revisión y rediseño de políticas públicas, lo que, según el Gobierno, facilitará una asignación más eficiente de recursos. Además, se establece que las jurisdicciones locales deben garantizar el acceso a una vivienda digna mediante políticas inclusivas y adaptadas a sus realidades específicas.

El contexto en el que se implementa esta reforma es crítico. Días de frío polar han intensificado la problemática de las personas sin techo, generando preocupación entre organismos de derechos humanos y actores sociales. Según el Gobierno, la descentralización busca un abordaje más eficiente y cercano a las realidades locales, pero críticos argumentan que podría agravar la desigualdad entre regiones.

Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Naciones Unidas han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas. En particular, señalan que la reducción del rol estatal podría debilitar la protección de los derechos humanos en un contexto de creciente vulnerabilidad social.

El decreto también subraya las diferencias regionales en la problemática social, argumentando que cada provincia y municipio está mejor posicionado para diseñar estrategias adaptadas a sus necesidades. Sin embargo, esta perspectiva ha sido cuestionada por quienes consideran que la medida podría exacerbar las desigualdades existentes entre las distintas jurisdicciones.

En conclusión, las modificaciones a la Ley 27.654 representan un cambio profundo en la política social argentina, alineándose con la filosofía libertaria del gobierno de Milei. Aunque el Gobierno defiende la descentralización como un principio federal, las críticas apuntan a los riesgos de desprotección y desigualdad que podrían derivarse de esta reforma.