La provincia de Santa Fe llevará a cabo este 16 de abril en Rosario la quinta subasta de bienes decomisados al delito, en la que se destaca la inclusión de un avión Cessna 402 A vinculado al financista detenido Daniel Casanovas. El evento, organizado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), ha generado una fuerte controversia judicial debido a la situación legal de la aeronave.

El juez Nicolás Villanueva, a cargo del concurso preventivo de la empresa Cereales del Sur —propietaria del avión—, notificó al gobierno provincial que todos los bienes de la firma están inhibidos, lo que incluye al Cessna 402 A. Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido de suspender la subasta, permitiendo que el remate avance, aunque advirtió que la transferencia de la titularidad del avión no podrá concretarse mientras persista el embargo penal.

La subasta, que ha convocado a más de 5.400 inscriptos de todo el país, forma parte de una política pública que busca quitar recursos a quienes cometieron delitos y destinarlos a resarcir a víctimas, autofinanciar la agencia y apoyar políticas sociales. No obstante, el dinero recaudado por la venta del avión no irá directamente a los acreedores ni a las víctimas, sino que será girado al Tesoro provincial y solo se distribuirá tras una sentencia firme, con descuentos por gastos administrativos y de custodia.

El caso de Daniel Casanovas, imputado por estafas millonarias y otros delitos, ha sido objeto de múltiples procesos judiciales desde 2019. La defensa del financista y los acreedores de Cereales del Sur han cuestionado la legalidad de la subasta, argumentando que el embargo impide la transferencia efectiva del bien y el resarcimiento inmediato a los damnificados. Por su parte, el gobierno provincial sostiene que la subasta cumple con la normativa vigente y representa un avance en la lucha contra el delito.

El juez Villanueva advirtió que, en caso de que la empresa entre en quiebra, podrían surgir responsabilidades legales para quienes intervengan en la operación. Mientras tanto, la Justicia penal deberá decidir si levanta el embargo sobre la aeronave, lo que determinará el destino final del bien y de los fondos recaudados. El desarrollo de este caso podría sentar un precedente para futuras subastas de bienes incautados en la provincia y el país.