Un vuelo privado procedente de Miami, operado por un avión Bombardier Global 5000 propiedad del empresario Leonardo Scatturice, desató una investigación judicial en Argentina tras detectarse presuntas irregularidades en el control aduanero del equipaje. El vuelo, que aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery el 26 de febrero de 2025, tenía como pasajera principal a Laura Belén Arrieta, vinculada a la organización conservadora CPAC y a empresas tecnológicas que han recibido contratos estatales.

Según la investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y registros fílmicos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al menos diez valijas ingresaron al país sin pasar por los controles habituales de escáner, a diferencia del resto de los pasajeros. El piloto, Juan Pablo Pinto, y la empresa propietaria del avión sostienen que el equipaje fue controlado conforme a los procedimientos, pero la fiscalía y las imágenes contradicen esta versión, señalando un trato diferenciado y la posible existencia de una "orden de arriba" para evitar la revisión.

El caso cobró mayor relevancia al revelarse que todos los ocupantes del vuelo tienen vínculos con OCP Tech y COC Global, empresas de Scatturice que han firmado contratos millonarios con el Estado argentino, y con la organización CPAC, que facilitó encuentros entre el presidente Javier Milei y Donald Trump. Además, se investiga un contrato de lobby entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Tactic COC LLC, otra firma de Scatturice, por 10.000 dólares mensuales, lo que ha despertado sospechas sobre el uso de fondos reservados y la canalización de recursos hacia negocios privados.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, y el propio piloto han negado cualquier irregularidad, calificando las denuncias como infundadas. Sin embargo, la fiscalía sostiene que existen pruebas contundentes de trato preferencial y falta de controles, y ha solicitado profundizar la investigación para esclarecer el destino y contenido de las valijas, así como los vínculos entre los actores involucrados.

El caso ha generado un intenso debate público sobre la transparencia en los controles estatales, la relación entre el sector público y privado, y el papel de la inteligencia en la política y los negocios internacionales. La investigación continúa en el fuero Penal Económico, mientras persisten las dudas sobre el trasfondo y las consecuencias de este episodio.