El Senado de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en una sesión que se extendió por más de cuatro horas y culminó con 42 votos a favor y 28 en contra. La iniciativa, considerada uno de los principales logros políticos del oficialismo en el cierre de las sesiones extraordinarias, introduce cambios sustanciales en la legislación laboral argentina.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la aplicación de las nuevas reglas a los contratos de trabajo anteriores a la sanción de la ley, especialmente en lo referido a la terminación del contrato y la liquidación por despido. A partir de la promulgación, los trabajadores despedidos verán calculada su indemnización bajo las nuevas condiciones, que habilitan la sustitución del esquema tradicional por fondos de cese laboral o modalidades de capitalización.

El período de prueba, que hasta ahora era de tres meses, podrá extenderse a seis u ocho meses dependiendo del tamaño de la empresa. Sin embargo, quienes ya hayan superado el período de prueba y cuenten con estabilidad laboral no serán sometidos nuevamente a ese régimen. Otra novedad es la incorporación del sistema de "banco de horas", que permite compensar horas extra con descansos en lugar de pagos adicionales. Para los contratos existentes, la adopción de este mecanismo requerirá acuerdo entre empleadores y empleados.

La reforma también modifica la responsabilidad de la empresa principal en casos de tercerización, limitando su obligación por deudas laborales de contratistas únicamente a situaciones de fraude o negligencia grave. Esto implica una reducción en la protección de los trabajadores tercerizados, independientemente de su antigüedad.

El debate parlamentario estuvo marcado por la eliminación del artículo sobre licencias médicas, uno de los puntos más controvertidos, y por la abstención de los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Mientras el oficialismo celebra la aprobación como un paso hacia la modernización laboral, sectores opositores y sindicales advierten sobre el posible retroceso en derechos y protección de los trabajadores. El futuro de la reforma dependerá de su implementación y de las negociaciones entre empleadores y empleados para la adopción de los nuevos mecanismos.