El Gobierno nacional oficializó la autorización de Crossracer Ramp Sociedad Anónima para operar servicios de rampa en los aeropuertos argentinos, consolidando un nuevo paso en la política de cielos abiertos y desregulación del sector aerocomercial. La medida, formalizada mediante la Disposición 45/2025, otorga a la empresa un permiso de 15 años, renovable, para prestar asistencia en tierra a aeronaves, pasajeros y tripulaciones en todo el país.

Crossracer Ramp, que tendrá su base principal en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, se suma a otras nueve compañías habilitadas desde el inicio de la apertura del mercado. La empresa cuenta con más de 700 empleados y ya presta servicios de handling a reconocidas aerolíneas internacionales en Ezeiza y Rosario. La nueva reglamentación elimina la exclusividad que permitía a los operadores aeroportuarios controlar el uso de mangas y pasarelas, garantizando igualdad de acceso y competencia entre los prestadores.

La decisión responde a reclamos del sector privado, que exigía mayor claridad y equidad en la asignación de espacios y contratos. El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) derogó la normativa anterior y estableció un nuevo marco que prioriza la concurrencia, publicidad, libre competencia y transparencia. "A partir de hoy, cualquier empresa que preste servicios de rampa puede operar en cualquier aeropuerto del Sistema Nacional de Aeropuertos", afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien calificó la medida como "el broche de oro a la desregulación aerocomercial".

En paralelo, avanza el proceso de privatización total de Intercargo, la empresa estatal que históricamente monopolizó el servicio de rampa. La venta del 100% del paquete accionario se realizará mediante licitación pública nacional e internacional, en un plazo de ocho meses. Este escenario genera preocupación entre los sindicatos, como la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que advierte sobre el impacto en más de 1.500 trabajadores y denuncia irregularidades en el proceso. La comisión bicameral de reforma del Estado también puso en duda la transparencia de la privatización.

La liberalización del sector aerocomercial responde a demandas de aerolíneas y operadores privados, afectados por paros y restricciones en el pasado. Organizaciones internacionales como la IATA y ALTA reconocen los avances normativos, pero insisten en la necesidad de una implementación efectiva y mayor competencia real. El nuevo marco normativo exige que los prestadores cuenten con contratos escritos y que los precios por el uso de infraestructura sean uniformes para todos, evitando condiciones preferenciales.

Con la incorporación de Crossracer Ramp y la apertura a nuevos operadores, el Gobierno busca mejorar la eficiencia, reducir costos y ampliar la conectividad aérea en Argentina, aunque persisten desafíos en la implementación y el impacto social de las reformas.