A cincuenta años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en Argentina, organismos internacionales y voces locales advierten sobre un preocupante retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia. Según un comunicado reciente de expertos en derechos humanos de la ONU, el país, que durante décadas fue referente mundial en justicia transicional, enfrenta hoy el desmantelamiento de instituciones clave dedicadas a la búsqueda de desaparecidos, la conservación de archivos y la promoción de los derechos humanos.

Los expertos señalaron que, desde 2024, el gobierno argentino ha reducido el papel del Estado en la investigación de crímenes de lesa humanidad y ha debilitado mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas. "Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho", advirtieron, instando a las autoridades a restablecer sin demora las políticas desmanteladas y a evitar discursos negacionistas o revisionistas sobre los crímenes cometidos durante la dictadura.

El aniversario reavivó el debate sobre el legado de la dictadura, que dejó miles de desaparecidos, torturas sistemáticas y apropiación de niños, así como profundas transformaciones económicas y sociales. Diversos análisis subrayan la complicidad de sectores empresariales y el impacto diferenciado sobre trabajadores y mujeres militantes, víctimas de violencia específica de género en los centros clandestinos de detención.

En el plano económico, la dictadura implementó un modelo neoliberal que provocó endeudamiento externo, desindustrialización y concentración de la riqueza, cuyas consecuencias persisten en la estructura social argentina. Las políticas de memoria, verdad y justicia, impulsadas por organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, han sido centrales en la democracia, aunque hoy enfrentan desafíos ante el avance de discursos que relativizan o niegan los crímenes del pasado.

La ONU recordó que el Estado argentino tiene la obligación legal de garantizar la verdad, la justicia y la no repetición, y advirtió que los indultos por graves violaciones de derechos humanos están prohibidos por el derecho internacional. El debate sobre la reconciliación nacional y la memoria colectiva sigue abierto, en un contexto de tensiones políticas y sociales que ponen a prueba el compromiso democrático del país.