Un adolescente de 17 años falleció tras su viaje de egresados a Bariloche, lo que derivó en la imputación de cuatro personas por homicidio culposo. Thomas Octavio, estudiante de un colegio de San Justo, comenzó a presentar síntomas de fiebre y malestar el 19 de octubre de 2022, mientras se alojaba en un hotel de la ciudad rionegrina junto a sus compañeros. A pesar de las reiteradas consultas en la enfermería del hotel y el evidente deterioro de su salud, no se dispuso su adecuada atención médica ni una derivación oportuna a un centro especializado.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, los coordinadores de la empresa de turismo estudiantil Traveldance, en su rol de garantes, omitieron gestionar la asistencia médica necesaria. Además, permitieron que Thomas realizara el viaje de regreso a Buenos Aires en grave estado durante 21 horas, sin asistencia profesional y delegando su cuidado en otros jóvenes del grupo.

Al llegar a Buenos Aires, Thomas fue atendido en la Unidad Sanitaria de Valentín Alsina, donde la médica a cargo habría subestimado el cuadro clínico y omitido estudios complementarios básicos. La pericia forense determinó que existían posibilidades concretas de evitar el desenlace fatal con una atención adecuada y oportuna. Posteriormente, su madre lo trasladó al Sanatorio Santa Bárbara, donde el joven se desvaneció en la guardia, fue ingresado a terapia intensiva y falleció horas después por una falla multiorgánica causada por sepsis debido a Streptococcus pyogenes, una infección potencialmente tratable si se detecta a tiempo.

Entre los imputados se encuentran los dos coordinadores de la empresa, la médica que lo atendió en Buenos Aires y un hombre que habría ejercido como médico sin matrícula en Bariloche. La fiscalía sostiene que la muerte de Thomas fue consecuencia de una serie de omisiones y conductas negligentes que violaron los deberes de cuidado y las obligaciones de garante. Por su parte, la defensa de los coordinadores argumenta que no existió una posición activa de garante penalmente exigible ni culpa grave directa.

El caso ha generado un fuerte debate sobre la responsabilidad de las empresas de turismo estudiantil y la necesidad de reforzar los controles sanitarios en este tipo de viajes. La investigación penal preparatoria continúa, mientras la familia de la víctima y la sociedad reclaman justicia y mayores garantías para la seguridad de los estudiantes en futuros viajes.