En una sesión marcada por la tensión política, el Senado de la Nación aprobó por abrumadora mayoría dos proyectos clave que obligan al Poder Ejecutivo a redistribuir fondos a las provincias y modificar la asignación del impuesto a los combustibles. Con 56 votos a favor y solo uno en contra, la Cámara Alta dio media sanción a iniciativas impulsadas por los gobernadores, que venían reclamando la devolución de recursos retenidos por la administración central.

La senadora Alejandra Vigo, representante de Córdoba, defendió su voto afirmando: “Los recursos no son propios del Ejecutivo nacional ni propiedad del Presidente ni del ministro de Economía. En su mayoría, son de las provincias, y por eso deben volver de forma automática, transparente y sin discrecionalidad”. Su postura fue respaldada por el gobernador Martín Llaryora, quien agradeció públicamente su apoyo y criticó a quienes votaron en contra.

El único voto negativo fue el del senador cordobés Luis Juez, quien fue duramente cuestionado por funcionarios provinciales. Juez, por su parte, respondió que “Calvo no tiene autoridad moral para hablar de mí”. La senadora Carmen Álvarez Rivero se ausentó de la sesión, argumentando dudas sobre la legalidad de la presidencia de la sesión.

El presidente Javier Milei anticipó que vetará las leyes aprobadas, calificando la movida como “un acto de desesperación” de la oposición. “Vamos a vetar. Y si aun se diera la circunstancia, que no creo, que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, advirtió Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó la prioridad del equilibrio fiscal y descartó cualquier negociación sobre el tema.

Según estimaciones, la redistribución de los fondos representaría una pérdida de $1,5 billones anuales para el Estado nacional, mientras que provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires serían las más beneficiadas.

La sesión también incluyó la aprobación de aumentos a las jubilaciones mínimas, la declaración de emergencia en discapacidad y fondos de emergencia para Bahía Blanca. El resultado de la votación refleja una inédita unidad entre gobernadores y oposición, dejando al oficialismo en una posición de debilidad en el Senado. Se prevé que la tensión política aumente de cara al tratamiento del presupuesto 2026 y futuras negociaciones entre Nación y provincias.