La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este jueves la obligación del Estado nacional y la provincia de Buenos Aires de indemnizar a las familias de las víctimas de la masacre de Carmen de Patagones, ocurrida el 28 de septiembre de 2004. En aquella jornada, Rafael Solich, de 15 años, ingresó armado a la Escuela de Enseñanza Media N° 202 y disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de tres adolescentes y dejando cinco heridos graves.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por inadmisibles los recursos presentados por el Estado nacional, en representación del Ministerio de Seguridad y la Prefectura Naval, así como por la Fiscalía de Estado bonaerense. La decisión se dictó en el marco de la demanda por daños y perjuicios iniciada por la madre de Sandra Núñez, una de las víctimas fatales, y se suma a resoluciones previas en favor de las familias de Federico Ponce y Evangelina Miranda, también fallecidos en el ataque.

La Corte sostuvo la responsabilidad de la escuela y la Prefectura Naval, ya que el arma utilizada pertenecía a la fuerza y era propiedad del padre del atacante, quien incumplió su deber de custodia. Además, los tribunales consideraron que las autoridades educativas no actuaron con la diligencia necesaria ante las advertencias sobre la conducta alarmante de Solich.

El Estado nacional y provincial argumentaron que el hecho era imprevisible e inevitable, pero la Corte desestimó estos planteos y dejó firme la condena. El caso, que conmocionó a la sociedad argentina, reabrió el debate sobre la responsabilidad institucional y familiar en la prevención de hechos violentos en el ámbito escolar.

Actualmente, Rafael Solich permanece bajo tutela judicial y tratamiento ambulatorio. El fallo de la Corte representa un precedente en materia de responsabilidad estatal y resalta la importancia de la memoria y la prevención para evitar futuras tragedias.