El femicida Miguel Alejandro Vargas Nehuén, condenado por el asesinato de Ana Calfín, se encuentra prófugo tras escapar de su arresto domiciliario en Esquel, Chubut. La fuga ocurrió horas antes de la audiencia en la que se le dictaría una sentencia de prisión perpetua, generando indignación y cuestionamientos hacia el sistema judicial.

Vargas, de 29 años, fue declarado culpable por un jurado popular el pasado 11 de abril por el femicidio de Calfín, ocurrido en agosto de 2023. Según los testimonios presentados en el juicio, Vargas golpeó y prendió fuego a su pareja, causándole quemaduras graves que resultaron en su muerte tras días de agonía. A pesar de la gravedad del crimen, el juez Jorge Novarino decidió mantenerlo bajo arresto domiciliario, argumentando que la Fiscalía no presentó fundamentos sólidos para revocar esta medida.

La fuga fue reportada por un familiar de Vargas a las 7 de la mañana del día de la audiencia de sentencia. La última verificación policial había ocurrido la noche anterior, entre las 21:00 y 22:00 horas. Desde entonces, la policía ha desplegado operativos de búsqueda en Argentina y Chile, pero hasta el momento no se han obtenido resultados. Según el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, existen indicios de que Vargas podría haber cruzado la frontera hacia Chile.

La familia de Ana Calfín expresó su indignación y tristeza por la fuga, calificándola como una falla del sistema judicial. "Es muy difícil para nosotros. Desde el principio advertimos que esto podía pasar", declaró Daniela Santillán, sobrina de la víctima. Además, la familia ha solicitado protección policial ante el temor de represalias por parte de Vargas.

El caso ha generado un amplio debate público. El ministro Iturrioz criticó duramente la decisión del juez Novarino, calificándola de "incomprensible" tanto desde el punto de vista jurídico como lógico. También adelantó que el Ejecutivo podría presentar una queja formal contra el magistrado ante el Consejo de la Magistratura. Por su parte, el juez Novarino defendió su decisión, argumentando que no podía actuar de oficio y que las medidas coercitivas deben ser solicitadas y fundamentadas por las partes.

Mientras tanto, organizaciones feministas y de derechos humanos han señalado este caso como un ejemplo de la falta de protección hacia las víctimas de violencia de género y sus familias. La comunidad local ha comenzado a organizar marchas para exigir justicia y la recaptura de Vargas. Sin embargo, el tiempo apremia: si el prófugo no es recapturado en un plazo de 10 días, existe la posibilidad de que el juicio sea anulado, según admitió el propio juez Novarino.

El caso de Ana Calfín pone en evidencia las fallas estructurales en el sistema judicial y de seguridad, dejando a una familia y a toda una comunidad en busca de respuestas y justicia.