La Cámara de Diputados de Argentina enfrenta un debate sobre su composición, que debería ajustarse según lo estipulado por la Constitución Nacional. Actualmente, cuenta con 257 miembros, pero debería tener 359 según el último censo de 2022. Este incumplimiento afecta la representación de las provincias, especialmente Buenos Aires, que tiene 42 bancas menos de las que le corresponderían.

La Constitución establece que la Cámara debe actualizar su composición tras cada censo, algo que no ocurre desde 1983. Según el artículo 45, debe haber un diputado por cada 33,000 habitantes o fracción mayor a 16,500. Sin embargo, la normativa actual se basa en leyes de las dictaduras de Lanusse y Bignone, que establecen un mínimo de cinco diputados por provincia, independientemente de su población.

El censo de 2022 reveló que la población total de Argentina es de 46,044,703 habitantes, lo que implica que la Cámara debería tener 359 miembros. Provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza también ganarían representación, mientras que otras, como Tierra del Fuego y Chubut, están sobrerrepresentadas.

Un proyecto reciente, presentado por la diputada Margarita Stolbizer, propone ajustar la representación a un diputado por cada 140,000 habitantes, lo que llevaría a 334 miembros en total. Este cambio beneficiaría principalmente a Buenos Aires, que pasaría a tener 125 diputados. Sin embargo, implementar estos cambios requeriría rediseñar el recinto de la Cámara, un desafío logístico significativo.

El debate se enmarca en un contexto político donde se busca reducir el tamaño del Estado. Críticos argumentan que aumentar el número de diputados incrementaría el gasto público, mientras que defensores destacan la necesidad de una representación más equitativa para fortalecer la democracia. "La subrepresentación de Buenos Aires es una deuda histórica que debemos saldar", afirmó un experto del Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD).

Desde 1983, la Cámara no ha modificado su composición, a pesar de los censos realizados. Las leyes actuales, establecidas durante gobiernos militares, no han sido actualizadas, perpetuando desigualdades en la representación. El debate continúa, con posturas divididas entre la necesidad de equidad y las restricciones presupuestarias.