Las cinco fuerzas federales argentinas protagonizaron este jueves una protesta inédita frente al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional en Buenos Aires, para reclamar mejoras salariales. Familiares y efectivos de la Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal se congregaron bajo la consigna de “sueldos dignos para nuestras fuerzas federales”, denunciando que muchos de sus salarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

El Gobierno nacional intentó desactivar la movilización anunciando un bono de $40.000 y sumas adicionales que, según el rango, pueden alcanzar hasta $340.000, a pagarse en abril. Sin embargo, los manifestantes consideraron insuficiente la medida y calificaron el bono de “migaja”. “No llegamos a fin de mes, es increíble el denigro de las fuerzas”, expresó el cabo de la Policía Federal Miguel Ángel Montiel, quien aseguró que, con nueve años de servicio, percibe un salario de $800.000. Otro vocero de la protesta subrayó: “El pueblo argentino, señor Presidente, no come números”.

El presidente Javier Milei reconoció públicamente la deuda salarial con las fuerzas de seguridad, aunque no anunció aumentos concretos. “Un país que busca ser protagonista en el escenario global, necesita fuerzas bien pagas”, afirmó durante un acto oficial. Mientras tanto, los manifestantes presentaron un petitorio formal ante el Ministerio de Seguridad, exigiendo una recomposición salarial progresiva y mejores condiciones laborales.

Fuentes del Gobierno señalaron sospechas sobre la posible influencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en la organización de la protesta, a través de allegados y figuras públicas cercanas. Sin embargo, Villarruel se mostró apartada del reclamo y participó de actividades en el interior del país.

La protesta se desarrolló en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo, donde los salarios de las fuerzas federales oscilan entre $700.000 y $900.000, y el bono anunciado excluye a los rangos más altos. El reclamo fue presentado por los voceros como “un acto sin animosidad política”, centrado en la necesidad de garantizar condiciones dignas para quienes integran las fuerzas de seguridad. El desenlace de este conflicto podría marcar un precedente en la relación entre el Gobierno y las fuerzas federales, en un escenario de creciente tensión social y económica.