Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que salieran a la luz gastos y viajes de lujo que no se condicen con sus ingresos declarados. La causa, liderada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, se reactivó esta semana con la citación de nuevos testigos y la recolección de documentación sobre operaciones inmobiliarias y gastos personales del funcionario.

Entre los hechos más relevantes, se destaca un viaje familiar a Bariloche en junio de 2024, donde Adorni y su familia se alojaron durante cinco noches en el exclusivo hotel Llao Llao, con una factura cercana a los 5 millones de pesos, pagada varios meses después. Además, se investigan múltiples viajes al exterior y la adquisición de propiedades mediante préstamos de particulares, algunos de ellos sin intereses y con pagos en efectivo, lo que ha generado sospechas sobre la justificación de su patrimonio.

La Justicia busca determinar si los gastos y el crecimiento patrimonial de Adorni pueden ser respaldados por su salario y ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción. Para ello, se han citado a contratistas, acreedores y testigos vinculados a las operaciones inmobiliarias y refacciones en propiedades del funcionario. Según la investigación, Adorni debe afrontar pagos por más de 300.000 dólares en concepto de deudas y adquisiciones, además de justificar gastos superiores a los 100.000 dólares en viajes y consumos personales.

En declaraciones públicas, Adorni ha negado cualquier irregularidad y sostiene que todo está justificado, aunque evita dar detalles fuera del ámbito judicial. "La causa no tiene absolutamente ningún sustento", afirmó recientemente, denunciando una campaña de "mentiras sistemáticas" en su contra.

El caso ha generado un fuerte impacto político, afectando la imagen del gobierno y alimentando tensiones internas. Mientras algunos sectores oficialistas respaldan a Adorni, otros advierten sobre el costo político de mantenerlo en el gabinete. La investigación continúa y se espera que en los próximos meses se definan responsabilidades y eventuales consecuencias judiciales y políticas.