La Cámara Federal de Casación Penal deberá decidir si mantiene o modifica el régimen de visitas impuesto a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) había dispuesto que solo familiares, abogados, médicos y custodios pueden ingresar sin autorización judicial, mientras que cualquier otra persona, incluidos dirigentes políticos y amigos, requiere un permiso especial.

La defensa de Kirchner, encabezada por los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, apeló la medida argumentando que la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer restricciones adicionales a quienes cumplen arresto domiciliario. "Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley", sostuvieron en su presentación. Además, señalaron que la restricción afecta la vida política y social de la ex mandataria, quien es considerada una de las principales líderes de la oposición.

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, rechazó el pedido de la defensa por considerarlo extemporáneo y sin fundamentos suficientes para modificar la decisión. "La parte exterioriza un total rechazo de una de las pautas de conducta que se estableció en el resolutorio del pasado 17 de junio, mas no logra conmover el razonamiento y los fundamentos que fueron brindados", argumentaron los magistrados.

En paralelo, la fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, se opuso tanto a la prisión domiciliaria como a la exención del uso de tobillera electrónica, señalando que no existen razones humanitarias que justifiquen medidas excepcionales. La defensa, por su parte, sostiene que la custodia oficial es suficiente para garantizar el cumplimiento de la detención.

El listado de personas autorizadas a visitar a Kirchner fue presentado en carácter reservado y se presume que incluye a sus hijos, abogados y médicos. El tribunal estableció que cualquier persona fuera de ese listado deberá solicitar autorización judicial previa. La Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, será la encargada de resolver la apelación y podría revisar también otras condiciones de la detención, como el uso de la tobillera electrónica.

El caso se desarrolla en un contexto de fuerte polarización política y judicial en Argentina, y reaviva el debate sobre los derechos de los detenidos en prisión domiciliaria y el alcance de las restricciones impuestas por la justicia.