María Lorena Villaverde, diputada nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza, se encuentra en el centro de una controversia judicial y política tras la difusión de antecedentes penales en Estados Unidos y denuncias por delitos económicos en Argentina. Según investigaciones periodísticas y documentos judiciales, Villaverde fue arrestada en julio de 2002 en el aeropuerto de Sarasota, Florida, cuando intentaba ingresar 15 kilos de cocaína y 50.000 dólares no declarados. Junto a ella fueron detenidos dos cómplices, vinculados a redes internacionales de narcotráfico. La causa derivó en una condena y meses de prisión, aunque Villaverde logró recuperar la libertad tras un acuerdo judicial que le permitió regresar a Argentina, con la condición de no volver a Estados Unidos.

Previamente, en 2001, Villaverde había sido detenida en Miami por obstrucción de la justicia, aunque fue liberada al no contar con antecedentes. Los detalles de estos hechos salieron a la luz a través de expedientes de divorcio en Argentina, donde su exmarido presentó pruebas documentales de los antecedentes penales de la diputada. En dichos documentos, Villaverde admitió la imposibilidad de regresar a Estados Unidos sin ser detenida.

Ya en Argentina, Villaverde desarrolló actividades comerciales y políticas, pero su historial judicial continuó generando controversias. Fue embargada por 50 millones de pesos por estafas en la venta de terrenos en Las Grutas y mencionada en la causa contra Enrique Blaskey Señorans, conocido como el "Madoff argentino", por estafas piramidales. Además, fue denunciada por robo de boletas electorales y por presuntos manejos irregulares de fondos en la empresa Taskarsa, donde ejercía como gerenta general.

En septiembre de 2025, Villaverde utilizó su banca en el Congreso para defender su honor, exhibiendo un certificado de antecedentes penales argentinos que no contempla causas en el extranjero. "Hoy me toca a mí ser víctima de insultos, agravios y mentiras", declaró, intentando deslegitimar las acusaciones. Sin embargo, la repercusión pública y el debate sobre la transparencia en las listas electorales se intensificaron, con pedidos de explicaciones por parte de opositores y exaliados políticos.

El caso de Villaverde pone en evidencia los vacíos en los mecanismos de control de antecedentes judiciales para candidatos, especialmente en lo que respecta a causas internacionales. Mientras la campaña legislativa avanza en Río Negro, la polémica sobre la ética y la transparencia en la política argentina sigue creciendo, con Villaverde en el centro de la escena.