Una semana de intensas protestas se vive en las universidades nacionales de Argentina, tras el inicio de un paro docente de 72 horas convocado por los principales gremios del sector. La medida, que comenzó el lunes 30 de marzo, incluye la suspensión de clases en facultades y colegios preuniversitarios de todo el país, así como la realización de clases públicas frente a la residencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Ciudad de Buenos Aires.

El reclamo central de docentes y estudiantes es la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero aún no implementada por el Ejecutivo. Además, exigen una urgente recomposición salarial, el pago a docentes ad honorem y un aumento del presupuesto universitario, que según los gremios ha sufrido una caída real del 45% desde 2023. Los sindicatos denuncian que los salarios docentes han perdido entre un 36% y un 55% de su poder adquisitivo en los últimos años, ubicando a la mayoría de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza.

La protesta tuvo un punto de inflexión el martes 31 de marzo, cuando se realizaron clases públicas en la puerta del departamento de Adorni, en medio de un fuerte operativo policial. La acción buscó visibilizar la brecha entre los salarios de los funcionarios y los de los trabajadores universitarios, así como denunciar la falta de cumplimiento de la ley que garantizaría el financiamiento adecuado para el sistema universitario.

En la Universidad Nacional de La Plata, la adhesión al paro fue casi total en los colegios preuniversitarios y alta en la mayoría de las facultades, aunque dispar en algunas carreras. El impacto de la medida se extiende al calendario académico y pone en evidencia la profundidad del conflicto entre la comunidad educativa y el gobierno nacional.

Mientras tanto, las autoridades universitarias han llamado a mantener las clases y defender la universidad desde las aulas, aunque reconocen la gravedad de la crisis presupuestaria y salarial. El gobierno, por su parte, sostiene que enfrenta restricciones fiscales que dificultan la aplicación plena de la ley, pero los gremios argumentan que el presupuesto universitario representa una fracción mínima del gasto estatal y que la situación responde a una decisión política de priorización de recursos.

El conflicto universitario se inscribe en un contexto más amplio de ajuste fiscal y recortes en áreas clave como educación, ciencia y salud, y plantea interrogantes sobre el futuro de la universidad pública en Argentina.